Yolanda Cepeda gracias a sus conexiones políticas ha operado de manera impune desde hace años en la huasteca potosina. Amparada en la protección otorgada por los ex mandatarios Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras utilizó las despensas oficiales del DIF para realizar proselitismo en favor del Partido Revolucionario Institucional, situación que fue denunciada en varias ocasiones por medios de comunicación y personas de la zona huasteca, pero siempre al cobijo oficial ha sido intocable.
Año tras año, recibió fuertes cantidades de dinero publico para su asociación civil “Una Nueva Era Para Aquismón” la cual jamás rindió cuentas de la forma en como utilizó el recurso.
Cuenta con una denuncia penal, por parte de Ángel N. que la señala de fraude genérico por un millón de pesos, ya que la acusa de haberse quedado con dinero público que debía haberse destinado para la obra pública y este dinero fue desviado a su campaña política en busca de la diputación local.
La Auditoria Superior de la Federación reveló que cuando fue alcaldesa de Aquismón en el periodo 2015-2018, habría desviado poco más de $72,437,400.71 millones de pesos a través de transferencias injustificadas. Estos más de 70 millones de pesos, se presume pudieron haberse utilizado para cubrir parte de otros desvíos detectados del ejercicio 2017 y efectuar gasto corriente del Ramo 28.
Buscando impunidad y protegida por Juan Manuel Carreras, llegó a la actual legislatura como diputada local. Engañó a la gente presumiento que se había disminuido un 10% de sus insultantes percepciones mensuales que son de 104 mil pesos, pero bajo la mesa acordó recibir 29 mil pesos extras para gasolina, lo que es equivalente para recorrer desde Alaska hasta Buenos Aires, Argentina. De este tamaño es el abuso y en engaño de esta diputada local priista.
Cuando es cuestionada como funcionaria pública y representante popular, recurre al desgastado pretexto que es víctima de «violencia política», algo similar a lo que ha hecho históricamente la ex secretaria de salud Mónica Rangel.